Artículo primero.- Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE EXTORSIÓN, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer:

I. La distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados;

II. El tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión;

III. Las reglas, procedimientos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión, y

IV. Las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención efectiva del delito de extorsión.

Artículo 3. Las autoridades encargadas de la interpretación, aplicación, diseño, implementación y definición de las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, actuarán con pleno respeto de los derechos humanos y se sujetarán al principio de perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y del adulto mayor; el interés superior de la niñez, la no revictimización, las acciones de reparación del daño, y cooperación institucional e internacional, los cuales se concretarán a través de las siguientes directrices mínimas:

I. Respetar la dignidad humana de las víctimas y de las o los ofendidos, procurando en todo momento evitar que sean objeto de violencia, revictimización o arbitrariedades durante todo el procedimiento penal;

II. Conducir sus actuaciones de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación, evitando causar cualquier distinción, exclusión o restricción que pudiera generar efectos discriminatorios para las personas con las que interactúen, ya sean víctimas, ofendidas o imputadas;

III. Actuar sin distinción, exclusión o restricción ejercida por razón de sexo, origen étnico, social o nacional, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones económicas o de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio o discapacidad, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento, ejercicio o la prestación de los derechos, las prerrogativas, los servicios y beneficios reconocidos en esta Ley;

IV. Actuar de forma inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable ante los hechos que pudieran constituir el delito de extorsión o los delitos vinculados;

V. Garantizar el desarrollo de las investigaciones y los procesos penales de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, oportuna, exhaustiva y profesional;

VI. Considerar las características, el contexto y las circunstancias de las situaciones particulares de la comisión del delito, así como el lugar o la región en el que acontezca;

VII. Evitar conductas que propicien, en cualquier forma, la revictimización o criminalización de las víctimas y las o los ofendidos, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndosele a sufrir un nuevo daño;

VIII. Ejecutar las acciones que correspondan para la reparación integral del daño;

IX. Realizar los actos de investigación que permitan acreditar plenamente el daño que la víctima y la o el ofendido sufrió, y

X. Emplear los instrumentos jurídicos de colaboración y cooperación que el Estado mexicano tenga signados con otros países, que permitan lograr los objetivos de la presente Ley.

Artículo 4. En todo lo no previsto en la presente Ley, serán aplicables de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Artículo 5. Corresponderá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus respectivas competencias con irrestricto respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 6. El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Código Nacional: al Código Nacional de Procedimientos Penales;

II. Fiscalías o Procuradurías locales: a los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas;

III. Instituciones de Seguridad Pública: a las instituciones policiales, del sistema penitenciario, la Guardia Nacional y demás instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal;

IV. Ley: a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Policía: a la Policía Federal Ministerial y a los cuerpos policiales con facultades de investigación federal y del fuero común, y

VI. Secretaría de Seguridad: a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Artículo 8. La investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación, cuando:

I. Se actualice alguna de las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal o en cualquier otro ordenamiento que le otorgue competencia a la Federación;

II. Exista una sentencia, decisión o resolución de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos u órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, en la que se determine la responsabilidad u obligación de éste, por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento del delito previsto en esta Ley, o

III. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía o Procuraduría de la entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de su ejecución o a la relevancia social del mismo.

Cuando la comisión de los delitos previstos en esta Ley se encuentre vinculada con la delincuencia organizada se estará a lo dispuesto por la ley de la materia.

Artículo 9. En los casos no previstos en el artículo anterior, será competencia de las autoridades locales la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión.

Artículo 10. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y las Instituciones de Seguridad Pública, respetando su ámbito de competencia y autonomía, deberán prestarse el auxilio que requieran y facilitar la entrega de la información necesaria de manera ágil, pronta y expedita, con la finalidad de allegarse de los elementos que resulten necesarios para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de extorsión y delitos vinculados, de conformidad con esta Ley y con los ordenamientos jurídicos aplicables.

Para la investigación del delito de extorsión y delitos vinculados, la Policía y el Ministerio Público podrán consultar toda la información que sea generada por el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y que resulte necesaria, proporcional, apta, idónea y pertinente para esos fines, en los términos de lo previsto por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.

Artículo 11. La Fiscalía General de la República, así como las Fiscalías o Procuradurías locales, en términos del artículo 13 de la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinarse para:

I. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta Ley;

II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas, que permitan prestar asistencia de procuración de justicia en materia de extorsión;

III. Aprovechar los sistemas de formación, actualización, capacitación y profesionalización del personal ministerial, policial y pericial con los que cuenten, para participar en los procesos de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

IV. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas instancias de procuración de justicia en el país en materia del delito de extorsión y delitos vinculados;

V. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley;

VI. Promover la cooperación y colaboración de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías o Procuradurías locales, así como con otras instituciones, y

VII. Las demás que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 12. Las Instituciones de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán organizarse y coordinarse para la realización de las acciones siguientes, tomando en cuenta las bases emitidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Implementar medios tecnológicos, informáticos y de inteligencia para la prevención, investigación y persecución del delito de extorsión, en los términos de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables;

II. Planear, diseñar y ejecutar acciones y operativos conjuntos con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir el delito de extorsión y otros delitos vinculados, en los términos previstos en esta Ley, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en las demás disposiciones aplicables;

III. Autorizar la participación de los cuerpos periciales que tengan adscritos en auxilio de otras autoridades para la investigación del delito de extorsión, cuando así se requiera;

IV. Generar productos de inteligencia a partir de la información con la que cuenten y que les sea proporcionada, incluyendo aquella obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento en lo previsto en la presente Ley;

VI. Utilizar los modelos e instancias de coordinación previstos en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de realizar acciones operativas y de investigación;

VII. Establecer comunicación con el Gabinete Federal de Seguridad Pública y la Mesa de Paz de la entidad federativa que corresponda con el objeto de analizar los datos relacionados con el delito de extorsión, como la incidencia por región, zona y municipio, modalidades y demás información que se considere necesaria con el fin de ejecutar y focalizar las acciones operativas que resulten necesarias, y

VIII. Desarrollar campañas de difusión dirigidas a sensibilizar y prevenir a la población acerca de las modalidades del delito de extorsión, así como emitir medidas de autocuidado para evitar ser víctima de este delito.

Artículo 13. Para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías o Procuradurías locales contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 14. Cuando derivado de la investigación de las conductas previstas en la presente Ley, se actualice un supuesto de tratamiento indebido de datos personales, se hará del conocimiento a la autoridad competente.

Artículo 15. A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de quince a veinticinco años de prisión y una multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 16. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán de cuatro a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito de extorsión, se presente alguna de las circunstancias siguientes:

I. El sujeto activo manifieste su pretensión de obtener un beneficio en especie, dinero o bienes, por concepto del cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito;

II. Se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados;

III. El sujeto activo por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial. Esta agravante se consuma con independencia de que se concrete el acto de comercio coaccionado;

IV. Se le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa;

V. Se obligue por cualquier medio a la víctima a celebrar un acto jurídico, independientemente de su objeto;

VI. Se exija que el beneficio económico o lucro indebido, sea depositado o transferido mediante el uso del sistema bancario o financiero mexicano o de cualquier otro país, sin importar la denominación de moneda, divisa o activos virtuales, que se utilice;

VII. Cuando para lograr los fines de la extorsión se empleé a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo;

VIII. Cuando se utilice a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, sindicatos, asociaciones, cámaras empresariales, organizaciones civiles, ganaderas, del ramo de la construcción y demás instituciones u organismos, indebidamente, para coaccionar, amedrentar o presionar para realizar prácticas que no permita el libre consumo de los bienes o servicios necesarios para su desarrollo;

IX. La conducta sea cometida en contra de alguna persona candidata a un cargo de elección popular o cuando sea electa, o

X. Cuando se requiera la entrega de una cantidad de dinero o un beneficio en especie para sí o para un tercero, por encontrarse alguien en un supuesto riesgo, peligro inminente o procedimiento legal.

Artículo 17. Además de las penas señaladas en el artículo 15 de la presente Ley, se aumentará la pena de cinco a doce años de prisión, cuando en la comisión del delito de extorsión se presente alguna de las circunstancias siguientes:

I. Se cometa en contra de una o varias personas migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria;

II. Se cometa en contra de persona menor de 18 años, en estado de embarazo o mayor de sesenta años de edad;

III. El sujeto activo tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con el sujeto pasivo o con quien éste último esté ligado;

IV. El sujeto activo utilice información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla;

V. Se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectué a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico;

VI. Cuando se utilice a un tercero para recibir alguna cantidad de dinero o un beneficio en especie derivado de la extorsión;

VII. Por cualquier medio señale tener privada de la libertad a una persona, sin estarlo, y exija el pago de una determinada cantidad de dinero o beneficio en especie para su supuesta liberación, o

VIII. Cuando para lograr los fines de la extorsión, se empleen acciones fraudulentas, actos ilícitos o actos cuya finalidad sea ilícita.

Artículo 18. Además de las penas señaladas en el artículo 15 de la presente Ley, se aumentará la pena de siete a diecisiete años de prisión, cuando en la comisión del delito de extorsión se presente alguna de las circunstancias siguientes:

I. Se emplee violencia física;

II. Se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción;

III. El sujeto activo utilice violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente cualquiera que este sea, pero provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción;

IV. Se realice mediante el uso de una o más armas o instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego;

V. El agente se ostente por cualquier medio como miembro de algún grupo vinculado a la delincuencia o delincuencia organizada, asociación delictuosa o pandilla, con independencia de que esto sea real o simulado;

VI. Se empleé cualquier medio para tratar de impedir que la víctima denuncie la conducta extorsiva;

VII. Cuando tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos;

VIII. El sujeto activo sea o simule ser empleado de una institución o entidad financiera, de gobierno, o de alguna empresa estatal o privada, con el ánimo de utilizar u obtener los datos personales o financieros de la víctima;

IX. Se cometa por persona servidora o exservidora pública de cualquier nivel de gobierno o un elemento que sea miembro o ex miembro de una empresa de seguridad privada;

X. El sujeto activo se encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario a disposición de cualquier autoridad, independientemente de su situación procesal;

XI. Se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad;

XII. Cuando el beneficio obtenido o que se pretenda obtener del delito de extorsión, provenga del erario;

XIII. Cuando se utilicen o empleen personas menores de edad;

XIV. Se cometa en contra de cualquier persona servidora pública en razón de su empleo, cargo o comisión público;

XV. Cuando intervengan dos o más personas;

XVI. El sujeto activo porte vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de Instituciones de Seguridad Pública, o

XVII. Se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima.

A la persona servidora pública que participe en la comisión del delito previsto en el presente Capítulo, además de las penas a que refiere la presente Ley, se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, e inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta, la cual comenzará a computarse a partir de que se haya cumplido la pena privativa de libertad.

Las penas previstas en el presente Capítulo se impondrán, independientemente de las que correspondan por la comisión de otros delitos.

Artículo 19. A quien dolosamente preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en la presente Ley se le impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y multa de sesenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 20. Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años de prisión y multa de quinientas a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a la persona servidora pública que ilícitamente o sin motivo fundado:

I. Divulgue información reservada o confidencial contenida en las carpetas de investigación relacionadas con las conductas sancionadas por esta Ley, o

II. Revele actos o técnicas aplicadas a la investigación o persecución de las conductas previstas en la presente Ley.

Artículo 21. Se aplicará pena de diez a veinte años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la Policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, en los términos de lo previsto por el párrafo segundo del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 22. Cuando derivado de la comisión de los delitos en materia de extorsión y otros delitos vinculados, previstos en la presente Ley, el sujeto activo espontáneamente se desistiere de la obtención del beneficio o lucro exigido dentro de los tres días siguientes a la exigencia realizada, y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena disminuirá hasta en una mitad.

Artículo 23. A quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, Internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de ciento veinte a doscientas cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad, tratándose de una persona servidora pública o defensora. A las personas servidoras públicas, además, se les impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, e inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta, el cual comenzará a computarse a partir de que se haya cumplido la pena privativa de libertad.

A la persona privada de su libertad en un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, que posea algún dispositivo electrónico con las características señaladas en el primer párrafo del presente artículo, se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y multa de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, aumentada hasta en una tercera parte.

Artículo 24. Se impondrá la pena prevista en el artículo 15 de la presente Ley incrementada de tres a cinco años de prisión, a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos previstos en este ordenamiento.

Artículo 25. Una vez que se tenga conocimiento de la probable comisión del delito de extorsión, la Policía actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Iniciar de manera inmediata la investigación por los delitos previstos en esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

II. Solicitar el auxilio y colaboración de los cuerpos periciales de las instituciones competentes para:

a) Realizar el perfilamiento criminal de los posibles intervinientes en el delito;

b) Practicar a las víctimas los estudios de psicología o psiquiatría que se consideren necesarios para elaborar los dictámenes en la materia, y

c) Elaborar los demás estudios periciales que se consideren necesarios, relacionados con el hecho que se investiga, los probables intervinientes y la reparación integral del daño;

III. Para corroborar información, consultar antecedentes, así como otras acciones para ampliar y fortalecer la investigación del delito de extorsión, en cualquier etapa, las autoridades encargadas de la investigación podrán consultar la información contenida en los mecanismos previstos en las leyes en materia de investigación e inteligencia;

IV. Practicar los actos de investigación que ameriten previo control judicial, tales como:

a) Intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;

b) Órdenes de cateo;

c) Tomas de muestras de voz, fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida se niegue a proporcionar la misma, excepto la víctima u ofendido;

d) Reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada, y

e) La revisión de información bancaria de las personas de que se trate, en los términos previstos por la legislación aplicable, salvo aportación voluntaria de las personas de que se trate;

V. En el caso de que, para la comisión del delito de extorsión, se hayan empleado líneas de telefonía celular, cuentas de mensajería instantánea, perfiles de redes sociales o videojuegos, correos electrónicos, plataformas de servicios digitales o tarjetas de débito, crédito o análogas, la Policía bajo conducción y mando del Ministerio Público, procurará descartar que estos hayan sido empleados sin el conocimiento o voluntad de su titular. Para tal efecto, solicitará los estudios periciales y realizará actos de investigación conducentes;

VI. Cuando así proceda, solicitar la localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados en los términos previstos en el artículo 303 del Código Nacional;

VII. Solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones, a través de la autoridad competente, el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil reportadas como robadas o extraviadas por las personas usuarias, conforme al registro del propio concesionario, por cualquier medio, así como la suspensión inmediata del servicio de telefonía en los términos de la solicitud correspondiente;

VIII. Notificar, en caso de que la víctima o la persona ofendida sea extranjera, a la autoridad competente del Estado del que sea nacional y coadyuvar para garantizar el derecho a la asistencia consular, y

IX. Las demás que resulten necesarias y que deriven de la investigación, previstas en las disposiciones aplicables.

Artículo 26. La reparación del daño tiene el carácter de pena pública, por lo que se impondrá a todo imputado cuando se dicte en su contra sentencia de condena.

Los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión previstos en esta Ley, serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas de dicho ilícito.

Artículo 27. La autoridad judicial, para resolver cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta Ley, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28. Para efectos de la investigación, el ingreso de una autoridad a un lugar sin autorización judicial se entenderá justificado en los términos de lo previsto por el artículo 290 del Código Nacional.

Artículo 29. La víctima, la o el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar a la persona juzgadora las providencias precautorias que resulten procedentes para garantizar la reparación del daño, en los términos previstos por el artículo 138 del Código Nacional.

Artículo 30. Las autoridades que deben aplicar esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, deberán adoptar las medidas tendentes a proteger debidamente a víctimas, las y los ofendidos y testigos del delito de extorsión durante todas las etapas del procedimiento penal, cuando su vida, libertad o integridad física o mental estén en peligro, o puedan ser sometidas a actos de intimidación por su intervención en dicho procedimiento.

Las medidas de protección podrán consistir en alguna de las siguientes:

I. Resguardo de su identidad y datos personales;

II. Durante el procedimiento penal, se podrán solicitar las siguientes medidas:

a) La reserva de la identidad en las actuaciones en que intervenga la víctima, ofendido y testigo del delito de extorsión, para evitar que se haga público su nombre, apellido, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que lo ponga en riesgo, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable;

b) El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de la persona víctima, ofendida y testiga, en las diligencias en que intervenga. La aplicación de esta medida no deberá coartar la defensa adecuada de la persona imputada;

c) La utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que permitan la participación de la persona víctima, ofendido y testigo a distancia y en forma remota;

d) Las notificaciones que sean dirigidas a la víctima, ofendido y testigo, sean a través de su asesor jurídico o, en los casos en que proceda, del Ministerio Público;

e) Las demás que se determinen de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

f) En el caso que de la denuncia respectiva o que de la información de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados, revele que la comisión del delito de extorsión provenga de llamadas telefónicas realizadas desde el interior de un centro penitenciario se ordenará al concesionario de telecomunicaciones o a la autoridad de la materia, realice las acciones respectivas para el bloqueo y anulación del IMSI (Identidad Internacional del Suscriptor Móvil) e IMEI (Identidad Internacional del Equipo Móvil) asociado al número telefónico relacionado con la llamada extorsiva. Esta medida de protección se realizará con control judicial previo.

Artículo 31. Además de las medidas cautelares contempladas en el Código Nacional, la persona juzgadora podrá imponer a la persona imputada la prohibición de contactar o comunicarse con la víctima, ofendido, testigos, empleando cualquier medio de comunicación, sistemas, equipos informáticos o medios digitales.

Estas medidas cautelares tendrán una revisión oficiosa trimestral por parte de la persona juzgadora, en los términos previstos en los artículos 161 a 164 del Código Nacional.

Artículo 32. Las personas imputadas por la comisión del delito señalado en el artículo 15 de la presente Ley, estarán sujetas a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal, siempre y cuando se le impute también la comisión de cualquiera de las conductas agravantes que se encuentran previstas en los artículos 17 y 18 de la misma.

Artículo 33. Para la individualización de la pena por el delito de extorsión y otros delitos vinculados, deberá tomarse en consideración, además de lo contemplado en la legislación penal respectiva, los elementos siguientes:

I. La duración de la conducta;

II. La afectación a su salud física, psicológica y mental, provocada por la comisión del delito y las secuelas en la víctima;

III. Los medios comisivos empleados;

IV. La edad de la víctima;

V. Juzgar con perspectiva de género, de infancia y adolescencia, de persona mayor y la que corresponda, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, y

VI. Las circunstancias y el contexto de la comisión de la conducta.

Artículo 34. La sentencia condenatoria que se dicte por el delito de extorsión deberá contemplar y cuantificar el monto de la reparación integral del daño a las víctimas, con base en los elementos probatorios que las partes aporten o aquellos que la persona juzgadora de la causa considere procedentes.

Artículo 35. Las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tendrán derecho a los beneficios de la libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Tampoco les serán aplicados los beneficios preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo 36. El hecho probado de la comisión del delito de extorsión y sus agravantes, cometido por medio de telefonía celular proveniente de un centro penitenciario, será considerado para la aplicación de la sanción disciplinaria de restricción temporal del tránsito en el interior del centro penitenciario, la prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos o el aislamiento temporal, en los términos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Artículo 37. Las personas directoras de los centros penitenciarios, federales y de las entidades federativas, de acuerdo con sus atribuciones y facultades, deben tomar las medidas necesarias a fin de que las personas sentenciadas por el delito de extorsión, no tengan acceso a medios digitales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.

Artículo 38. Los centros penitenciarios deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro.

El incumplimiento del presente artículo se considerará como una falta grave en materia de responsabilidades administrativas, con independencia del delito en que pudiera incurrir.

Artículo 39. Las autoridades encargadas de diseñar, implementar y evaluar programas, políticas y acciones para la prevención del delito de extorsión deberán colaborar, cooperar y coordinarse entre sí para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley. Asimismo, impulsarán espacios de diálogo en los que se promueva la colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales en materia de prevención del delito de extorsión.

Las autoridades a las que se refiere el párrafo anterior se asegurarán de que su personal se encuentre debidamente capacitado en la materia.

Las Instituciones de Seguridad Pública, de procuración y de administración de justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas a desarrollar proactivamente sus funciones para evitar la comisión del delito de extorsión, asegurar que las personas no sean víctimas de este, y que tengan acceso a los derechos y garantías que la presente Ley reconoce.

Artículo 40. Todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno que ejerzan atribuciones en materia de prevención de las violencias y del delito, deberán adoptar las acciones necesarias para priorizar la prevención del delito de extorsión en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, deberán implementar las estrategias y acciones que se establezcan en la Estrategia Nacional regulada en el presente Título con los recursos financieros, humanos e institucionales con los que cuenten.

De igual manera, estarán obligadas a brindar asesoría y orientación inmediata a las personas que lo requieran por hechos en desarrollo, cuya intervención evite que se consume el delito de extorsión en su contra, con independencia de las acciones de investigación y persecución que correspondan.

Artículo 41. La Secretaría de Seguridad contará con un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, el cual tendrá por objeto implementar los mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las denuncias por la posible comisión del delito de extorsión, así como fortalecer los mecanismos de vinculación con la ciudadanía para orientar e informar a la población de las acciones que deben realizarse para la prevención de este delito.

La organización, integración y funcionamiento del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, será previsto en el acuerdo que al efecto emita el titular de la Secretaría de Seguridad.

El Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión tendrá las siguientes funciones:

I. Diseñar e implementar programas que fomenten la cultura de la participación ciudadana en la denuncia y prevención del delito de extorsión;

II. Proponer a la persona titular de la Secretaría de Seguridad, las políticas, los lineamientos y programas para mejorar la vinculación y participación de la sociedad, organizaciones y agrupaciones sociales, en áreas relacionadas con la prevención del delito de extorsión;

III. Proponer y desarrollar mecanismos de coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública del país, para la vinculación y participación ciudadana en áreas relacionadas con la prevención, atención y persecución del delito de extorsión;

IV. Implementar protocolos de atención y respuesta a las denuncias del delito de extorsión, para asegurar que se brinde un trato digno a las personas que las promuevan, con perspectiva de género;

V. Proponer a la persona titular de la Secretaría de Seguridad las políticas, los lineamientos y programas para mejorar los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento de las denuncias, privilegiando el uso de medios tecnológicos, y

VI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos.

Artículo 42. La Federación y las entidades federativas, respectivamente, diseñarán e implementarán una estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión, que tendrá como objeto definir y coordinar el diseño y la implementación de acciones y políticas en el ámbito de sus respectivas competencias. Las estrategias que implementen las entidades federativas deberán ajustarse a los contenidos mínimos de la Estrategia Nacional a cargo de la Federación.

La elaboración de las estrategias señaladas en el párrafo anterior, estarán a cargo de las secretarías del ramo de seguridad pública que correspondan, quienes podrán solicitar información y colaboración a las Instituciones de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de la República, a las Fiscalías o Procuradurías locales, así como a todas aquellas autoridades que cuenten con atribuciones vinculadas a los propósitos contenidos en dichas estrategias.

Artículo 43. La Estrategia Nacional para prevenir y combatir el delito de extorsión tendrá, como mínimo, los siguientes objetivos:

I. Disuadir oportunamente la comisión del delito de extorsión mediante la implementación, entre otros mecanismos, de campañas permanentes de información y prevención dirigidas a la ciudadanía;

II. Identificar, visibilizar y reducir los factores de riesgo que favorecen la comisión del delito de extorsión;

III. Impedir que las personas resulten ser víctimas del delito de extorsión;

IV. Generar información de valor sobre patrones de operación, para su aprovechamiento de las unidades encargadas de investigar y perseguir el delito de extorsión, y

V. Definir metas, líneas de acción y plazos cuantificables para el seguimiento y evaluación de la Estrategia que permitan medir su eficacia y los resultados alcanzados, asegurando la rendición de cuentas y transparencia.

En su contenido deberá contemplarse un diagnóstico que refleje la situación actual del delito de extorsión. Tratándose de las estrategias a cargo de las entidades federativas, dicho diagnóstico deberá limitarse al contexto social y territorial que les corresponda con el fin de visibilizar las formas de comisión del delito de extorsión, y con ello, focalizar las acciones necesarias para prevenir e investigar este delito.

Artículo segundo a artículo sexto.- ……….

primero.. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

segundo.. Toda referencia al delito de extorsión contemplada en el Código Penal Federal, los códigos penales de las entidades federativas o en cualquier otra disposición, se entenderá hecha al delito de extorsión previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

tercero.. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

cuarto.. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el órgano jurisdiccional, podrá efectuar la traslación del tipo en beneficio de la persona a sentenciar, de conformidad con la conducta delictiva de extorsión, sus modalidades o agravantes que se hayan acreditado.

Tratándose de persona sentenciada, el juez de ejecución podrá considerar la revisión de las penas que se hayan impuesto para efectuar, en su caso, la traslación del tipo, siempre que la conducta, modalidades o agravantes proceda y resultase en su beneficio.

quinto.. Las disposiciones relativas a los delitos de extorsión previstas tanto en el Código Penal Federal como en la legislación penal local vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por el delito de extorsión, sus modalidades, agravantes y sanciones, salvo lo dispuesto en el artículo anterior en lo relativo a la traslación del tipo y adecuación de la pena.

Los procedimientos penales en materia de extorsión, iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones aplicables antes de la vigencia del mismo.

sexto.. En un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas procederán a hacer las reformas legales para armonizarlas con el presente Decreto.

séptimo.. Los centros penitenciarios tendrán 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen a que se refiere el artículo 38 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

octavo.. El Centro de Atención a Denuncias a que refiere el artículo 41 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en funciones a más tardar en 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y contará con la suficiencia presupuestaria para su correcto funcionamiento con cargo a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal.

noveno.. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado de los sujetos obligados por este instrumento, por lo que no incrementarán su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal.

décimo.. En tanto se creen las unidades especializadas de atención a los delitos de extorsión, previsto en el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Fiscalía General de la República, y las Fiscalías o Procuradurías locales deberán utilizar a las unidades especializadas contra el secuestro a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- Sen. Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta.- Dip. Kenia López Rabadán, Presidenta.- Sen. Simey Olvera Bautista, Secretaria.- Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.- Rúbrica.- Lcda. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación.- Rúbrica.