Articulo 3o

LIBRO Primero

Artículo 3o.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal:

Párrafo reformado DOF 20-08-1941, 13-01-1986, 16-07-2025

I- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación;

II- Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos;

Fracción reformada DOF 04-01-1999

III- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones y asignaciones;

Fracción reformada DOF 03-05-2023

IV- Celebración de contratos con el Gobierno Federal;

V- Declaración de abandono de trámite de las solicitudes de concesión o permiso, así como declarar la caducidad o la rescisión de las concesiones y contratos celebrados con el Gobierno Federal y modificarlos en los casos previstos en esta Ley.

Fracción reformada DOF 13-01-1986

VI- Otorgamiento y revocación de permisos;

VII- Expropiación;

VIII- Aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de distancia, clasificaciones y, en general, todos los documentos relacionados con la explotación;

IX- Registro;

X- Venta de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como todas las cuestiones que afecten a su propiedad;

XI- La vigilancia de los Derechos de la Nación, respecto de la situación jurídica de los bienes sujetos a reversión en los términos de esta ley o de las concesiones respectivas;

XII- Infracciones a esta ley o a sus reglamentos;

XIII- Toda cuestión de carácter administrativo relacionada con las vías generales de comunicación y medios de transporte.

En los casos de las fracciones IV y V será indispensable la aprobación previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que los actos ejecutados en uso de esas facultades impliquen el gasto de fondos públicos, comprometan el crédito público o afecten bienes federales o que estén al cuidado del Gobierno.