Artículo 26. La Secretaría, por conducto de las unidades administrativas competentes, podrá validar la procedencia de utilizar fideicomisos o fondos públicos previamente constituidos como VPE, mediante un procedimiento simplificado, siempre que:
I. El Proyecto para el Desarrollo con Bienestar correspondiente resulte compatible con su objeto, fines y patrimonio;
II. No se contravenga su instrumento constitutivo ni su régimen jurídico aplicable;
III. Se acredite que su utilización resulta más eficiente, económica y operativamente viable que la constitución de un nuevo VPE;
IV. Exista posibilidad jurídica y operativa de realizar los ajustes necesarios en el contrato respectivo y, en su caso, en sus reglas de operación; y
V. No se generen riesgos fiscales, presupuestarios, patrimoniales o pasivos contingentes adicionales para la Hacienda Pública Federal que no se encuentren debidamente identificados y mitigados.
Cuando se actualicen los supuestos anteriores, bastará la validación técnica, financiera y jurídica correspondiente conforme al ámbito de competencia de las unidades administrativas competentes.