Artículo 219. El Interesado contratante tendrá los siguientes derechos:
I. Supervisar en todo momento la ejecución del contrato, incluyendo el avance físico y financiero de los trabajos, el cumplimiento de los indicadores de bienestar y el estado de las garantías, mediante sus propios órganos de supervisión o a través de supervisores externos independientes, de conformidad con lo previsto en la Ley y este Reglamento;
II. Aplicar las penas convencionales y deducciones al mecanismo de pago pactadas en el contrato cuando se acredite incumplimiento imputable al Contratista;
III. Intervenir temporalmente el Proyecto o activar mecanismos de sustitución operativa cuando se acredite, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y el presente Reglamento, que la persona Contratista incumple sus obligaciones de manera que ponga en peligro la continuidad del servicio, la seguridad operativa, la integridad financiera del Proyecto o el interés público, privilegiando la continuidad de la infraestructura y la prestación del servicio sobre la permanencia del operador original;
Dicha intervención no implicará por sí misma asunción automática de pasivos privados, rescate financiero del Contratista, Desarrollador o Proveedor, reconocimiento de deudas no autorizadas, garantía implícita a favor de acreedores ni obligación patrimonial adicional a cargo del Gobierno federal, salvo disposición legal expresa y cumplimiento de las autorizaciones correspondientes.
La intervención deberá sujetarse a criterios de proporcionalidad, temporalidad, continuidad operativa y protección de la Hacienda Pública Federal;
IV. Rescindir administrativamente el contrato cuando se actualicen las causales previstas en la Ley y en el propio contrato, y
V. Solicitar la ampliación de la información reportada cuando la considere insuficiente, incongruente o incompleta para los fines del seguimiento del proyecto.