Artículo 93.- La y la pueden, en el ámbito de sus respectivas competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley, cuando por causas imputables a la persona Permisionaria, se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
La y la , en el ámbito de sus respectivas competencias, debe tramitar el procedimiento de revocación e integrar el expediente correspondiente, suspendiendo el permiso como medida cautelar, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedan salvaguardados los derechos de terceros.
La y la , en el ámbito de sus respectivas competencias, deben notificar a la persona Permisionaria la causal que motiva el inicio del procedimiento y la suspensión del permiso previo. Asimismo, notificar al y a la , de manera inmediata, la suspensión del permiso hasta en tanto se resuelve el procedimiento de revocación.
La persona Permisionaria tiene un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del inicio de procedimiento, para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca por escrito las pruebas que estime necesarias. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se debe otorgar un plazo de diez días hábiles, para que, en su caso, el titular del permiso formule los alegatos que a su derecho convenga.
Con o sin alegatos, en un plazo de quince días hábiles, la y la deben, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolver si es procedente o no la revocación del permiso, lo cual debe ser debidamente notificado a la persona Permisionaria, así como al y a la , para los efectos conducentes.
De no ser procedente la revocación se debe ordenar levantar la suspensión del permiso, realizando la notificación correspondiente al y a la .